Por Jorge Sharp
Presidente FEPUCV
El siguiente documento tiene como objeto identificar y realizar un breve análisis de algunas de las condiciones políticas existentes en la actual contingencia de educación superior y presentar, en atención a aquellas, una propuesta política de acción que sea capaz de hacer frente al escenario existente.
Análisis
Las declaraciones hechas por el nuevo Jefe de la División de Educación Superior Juan José Ugarte sobre los cambios que el gobierno pretende impulsar en educación superior , han abierto nuevamente el debate respecto a las falencias de nuestro sistema universitario y los cambios que este requiere.
El hecho que nuestro sistema de educación superior se encuentra sumido en una crisis profunda no es novedad para nadie y, menos aún, que requiere una cirugía mayor. Lo último, se ha presentado como necesidad por el amplio espectro social de la educación superior (estudiantes de pre y post grados, funcionarios, académicos y últimamente los rectores) desde siempre. Entonces, ¿cómo enfrentamos este eterno debate desde el movimiento estudiantil?, ¿cuáles son las nuevas condiciones de lucha que debemos enfrentar?, ¿qué es lo que hay de nuevo en toda está guerra de declaraciones por los diarios y la tele?
Las preguntas anteriores nos deben llevar, en primer lugar, a identificar cuales son las condiciones o elementos que debemos hacernos cargo, que debemos tomar en consideración para definir cuál será nuestro quehacer, nuestras acciones, nuestra política a seguir, y así no equivocar el rumbo. A mi juicio, alguna de estas condiciones son:
1. El reimpulso privatizador del gobierno
Las declaraciones de hace pocas semanas del nuevo Jefe de la División de Educación Superior Juan José Ugarte nos señalan con claridad cuales son los planes del gobierno en educación superior. Lo interesante de sus declaraciones radica no tanto en su contenido (ya que conocemos ampliamente las propuestas de la derecha para la institucionalidad y el financiamiento las cuales emanan de los manuales de sus think tank) sino más bien en que fueron expuestas, sin tapujo alguno y de una vez por todas pública y abiertamente, como diciéndonos “miren cabritos, les pasamos el dato, vamos privatizar, lo quieran o no”. He aquí una diferencia importante con las formas de lo tecnócratas de la concertación que detrás de los discursos de la “igualdad de oportunidades” y similares, solapadamente permitían la introducción una y otra vez del capital en educación superior.
Ahora bien, en cuanto a su fondo las declaraciones permiten identificar cual será el eje central de la agenda del gobierno que es el de optimización del mercado de la educación superior a través del mejoramiento de las condiciones de competencia entre las distintas instituciones, eliminando para estos efectos todo privilegio que atente contra la igualdad de trato (en términos prácticos significa eliminar el AFD) y estableciendo fondos que no sean de asignación directa sino que se entreguen a cualquier institución que dice llamarse universidad en la medida que cumplan ciertos parámetros o criterios de desempeño (es decir, repartir dineros públicos a las universidades del opus dei, de los consorcios internacionales creados sólo para lucrar con la educación y otros tantos notables ejemplos).
2. El CRUCH como único actor, contra todos
Al parecer los tiempos de división quedaron atrás, el muñequeo entre el Consorcio de Universidad del Estado (Pérez y Zolezzi) y la Cruz del Sur (Rosso y Muga) ha quedado en el olvido, y todo hace indicar que hoy el CRUCH es un solo cuerpo para enfrentar la reforma a la educación superior que pretende el gobierno. Cabe decir, que esta unión puede encontrar explicación en cómo los rectores han enfrenado la coyuntura política generada luego del terremoto (todos pidiendo plata al gobierno para que se haga cargo de los estudiantes afectados y de las infraestructuras dañadas) y por el hecho que este año existen 16 elecciones de rectores las cuales, en parte, pueden cambiar la correlación de fuerzas internas del CRUCH.
Debo decir, con cierta cuota de decepción, que el CRUCH es la única organización o referente de educación superior que es actor en la actual coyuntura. Lo anterior, por propias virtudes, ya que cada rector, que en su mayoría está ligado al mundo de la concertación, cuenta con un peso específico y en teoría con todo un cuerpo académico que lo respalda. Dicho de otra manera, tienen monedas que poner sobre la mesa. Este peso específico del cual hablo se notó en su capacidad para articular una mesa de trabajo con el MINEDUC cuyos alcances no conocemos . Off de record se ha escuchado que es sólo para “aguantar esta vuelta y dejar todo tal cual esta, porque otra cosa no se puede hacer”. Ahora, esta unión puede durar poco tiempo. Lo anterior, dependerá de cómo el CUE (particularmente Pérez y Zolessi) manejen las demandas del Nuevo Trato, ya que en caso que pongan el pie en el acelerador esta unión podrá caer.
Por último, si en el actual escenario sólo el CRUCH es actor es porque el resto del tejido social de la educación superior no ha sabido ni podido constituirse como referente.
3. Se busca: el mundo social de la educación superior
El final del punto dos algo nos deja pendiente de analizar. Las organizaciones sociales de la educación superior aún no se han podido constituir como referente o actor dentro de la coyuntura, dejando espacios de liderazgos tanto a organizaciones con hartos bemoles como el CRUCH como a ciertos intentos de la clase política de parapetarse en el mundo social a través del frente de la educación pública creado por el PPD e impulsado con interés por el mundo del PC.
Una rápida revisión a este mundo social resulta interesante para reforzar los análisis.
El mundo académico de nuestras universidades carece de organización nacional fuerte y con adhesión masiva. Si bien existen algunos intentos para generar tal organización, aún no son lo suficientemente importantes para ser actores. Es importante recalcar que esta realidad nacional no es muy diferente a la que existe al interior de las distintas casas de estudio, donde el cuerpo académico se encuentra alejado de la gestión y el gobierno universitario, tanto por diseño institucional (políticas de subcontratación) como por propia voluntad (predilección por la investigación y el trabajo de academia).
Los estudiantes se encuentran hoy construyendo en realidades paralelas. Por un lado, aquellos organizados en torno a la CONFECH, con los mismos vicios y problemas de siempre; por otro, los estudiantes de universidades privadas que, si bien carecen de un esquema nacional de organización, han comenzado a generar organización estudiantil en sus distintas instituciones. Aquí una cuestión clave: urge articular lazos de entendimiento entre los distintos mundos estudiantiles, cualquier sea su universidad, a través de plataformas únicas de coordinación. Existe también otro mundo estudiantil, el de los estudiantes de postgrado, que poco a poco se han comenzado a mostrar a través de su organización nacional, la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP). También constituyen un actor relevante que algo tienen que decir.
Por último, la situación de los trabajadores de las distintas universidades se muestra como la más interesante, esto por distintas razones. En primer lugar, han logrado generar una potente organización nacional que incluye a todas las universidades del CRUCH, sin distinción jurídica; en segundo lugar, han incluido en su seno también a sindicatos de universidades privadas creadas post 1980; en tercer lugar, han generado un documento único sobre materias de fondo el cual permite el entendimiento político ente sus miembros. Este es un potencial actor y un natural aliado estratégico.
4. Algunos intentos “sociales” de la clase política
Una consecuencia esperada de la derrota electoral de la concertación era su vuelta a lo social, y esta no se hizo esperar. Tanto en educación como en salud han surgido frentes de defensa auspiciados por el progresismo concertacionista (PPD, PS y PC) que buscan sumar a sus espacios a los distintos actores sociales.
Estos espacios responden a la intención de cierto sector de la concertación para generar polos sociales o ciudadanos en torno a ciertos asuntos de interés general (educación, salud, trabajo), a fin de sumar a tales fuerzas a sus particulares formas de hacer oposición al gobierno de Piñera. Cabe decir, que en ningún caso estos esfuerzos constituyen una salida popular o alternativa a los problemas que existen en salud o educación, sino que más bien responden a la premisa de “ser sumados, pero no sumar”. En definitiva, masa de maniobra para algún nuevo plan.
A nivel CONFECH este esfuerzo está siendo impulsado por las Federaciones de Estudiantes ligadas a las juventudes comunistas y por ciertas Federaciones de Estudiantes de la capital identificadas con el mundo de la concertación.
Una propuesta para la acción
En atención a los elementos expuestos anteriormente, resulta necesario que seamos capaces de impulsar esfuerzos sociales de trabajo y coordinación en los ámbitos locales, regionales y nacionales con los distintos actores de la educación superior. De esta manera podremos contrarrestar con propuestas alternativas-sociales la avanzada privatizadora del gobierno y generar un contrafuego efectivo a la avanzada de la clase política, particularmente de los sectores díscolos de la concertación, para hegemonizar los esfuerzos sociales en torno a frentes o coordinadoras de dudosos fines.
Las instancias de coordinación social que se proponen deben replicarse en los ámbitos nacionales, regionales y de inserción universitaria.
En primer lugar, desde una perspectiva nacional es necesario construir una plataforma de trabajo con distintos actores políticos y sociales que permita hacerse cargo de las condiciones expuestas anteriormente. Será un punto de tensión por la existencia de intentos de la clase política de hegemonizar el espacio social por medio del frente de la educación pública, auspiciado con interés por el PPD y el PC.
Sin embargo, para evitar ser sumados al esfuerzo de otros es esencial generar una plataforma común con otros espacios del mundo de la educación superior. Me refiero especialmente a los académicos y profesores organizados nacionalmente; a los trabajadores y funcionarios no académicos de las universidades estatales, tradicionales y privadas que están en proceso de constituir una única coordinadora nacional; a los estudiantes y organizaciones estudiantiles de las universidades tradicionales, pero también a los estudiantes y organizaciones estudiantiles de las universidades privadas que son aquellos que sufren las peores condiciones de explotación del sistema; a los estudiantes de estudios de postgrados que se encuentran en proceso de consolidar una organización nacional representativa de sus intereses, entre otros.
Es a partir de una plataforma con estas características, que dicho sea de paso representaría a casi la totalidad de los miembros del sistema de educación superior de nuestro país, es que podremos enfrentar con mayor fuerza y cierta posibilidad de éxito la agenda privatizadora del ministerio. En definitiva, construir un nuevo actor que pueda hacerse cargo de las actuales condiciones que cruzan nuestra educación superior y que impida que el CRUCH sea el único referente de oposición frente a las políticas del ministerio.
En segundo lugar, es fundamental replicar el esfuerzo nacional en cada una de las regiones. Debemos tratar de hacer converger a las distintas organizaciones de educación superior en torno a una coordinación que cumpla con los mismos objetivos arriba descritos. Es fundamental recalcar que el núcleo central de una instancia como esta debe estar dado por los trabajos o cuerpos triestamentales existentes en las distintas universidades.
Y por último, en el espacio local, es decir, en la realidad de cada universidad es imprescindible impulsar instancias de coordinación con los diversos miembros de la comunidad universitaria, a saber: académicos y sus organizaciones, funcionarios no académicos y sus organizaciones, grupos de exalumnos organizados, entre otros. Estos espacios tendrán, además de las tareas antes expuestas, la misión de lograr que sus visiones y definiciones sean las institucionales, es decir, aquellas que deban defender sus autoridades, particularmente los rectores, en los distintos espacios donde aquellas se desenvuelvan.
Un punto importante aquí es tener en consideración que como en la mayoría de las universidades de nuestro país no existen espacios de participación triestamental, los cuales permitan formalmente hacer vinculantes las definiciones de los estamentos en torno a la educación superior, deberemos siempre recurrir astutamente a todo tipo de espacios, instancias o acciones a-legales que nos permitan alcanzar nuestros objetivos.
Un próximo desafío
Por último, el principal que tendremos como movimientos sociales de la educación superior acaecerá en el corto plazo. Se iniciará en las próximas semanas la discusión en el Congreso Nacional de la ley de presupuesto para el año venidero, dentro de la cual se discutirán las partidas para la educación superior: aportes basales a las universidades tradicionales, beneficios estudiantiles (crédito, becas), fondos para la investigación. La intención del ministerio de educación, como lo manifestó públicamente el Jefe de la División de Educación Superior, es congelar los aportes basales y los fondos para el crédito solidario para los próximos años, lo que hace augurar un futuro incierto para las universidades tradicionales.
Como las leyes se aprueban o rechazan con votos es fácil de adelantar que en esta discusión los parlamentarios, especialmente los que dicen ser de oposición al gobierno, jugarán un papel muy importante ya que serán los que definan hacia donde irán las platas públicas. Por ello, se debe construir desde nuestros espacios sociales de coordinación, espacios de diálogo francos y directos con el mundo político, sin que ello implique un apoyo tipo cheque en blanco ni mucho menos. En definitiva, la premisa debe ser sumarlos a nuestros esfuerzos y hacerlos portadores de nuestras exigencias.
